Los analistas políticos aseguran que en Colombia no existe un sistema de partidos pluripartidista, sino una lista de nombres y organización políticas particulares y patrimoniales. Con cerca de sesenta partidos políticos, el sistema electoral y de gobierno colombiano queda maniatado al depender de una democracia excesivamente atomizada, atrofiando la gobernabilidad que posibilita las reformas estructurales. Se afirma que esta situación tiene al Estado sumido en una profunda crisis de gobernabilidad y de representación. Politólogos como Fernando Cepeda o Fernando Giraldo proponen la reducción drástica del número de partidos del escenario político, además de democracia interna de los mismos, entre otras.
Desde una perspectiva histórica es posible identificar dos hechos históricos que pueden descifrar el origen de esta situación política: la constituyente de 1991 y el plebiscito de 1957. Estas dos grandes consultas del siglo XX colombiano representan dos extremos virajes en el sistema. Ambas refrendadas por la democracia y la sabiduría popular.
Sí hoy en Colombia existe un numero exagerado de partidos y movimientos políticos es debido a un aliento desaforado de la década de los años ochenta por terminar las costumbres políticas creadas con el periodo del Frente Nacional. Fernando Cepeda “argumenta que bajo la Constitución de 1991 se pretendía institucionalizar los partidos políticos y propiciar un sistema pluripartidista, a fin de modificar la rígida estructura bipartidista”[1].
Esa estructura bipartidista cerrada a terceras opciones o vías políticas representó la más importante tarea de la convocatoria a la Asamblea Esta fue sin duda “la invocación a institucionalizar mecanismos que profundizaran la democracia y le dieran contenido diferente”[2].
Además del referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, el espíritu reformista del constituyente de 1991, introdujo por primera vez en la historia de las constituciones de la nación la materia concerniente a los partidos y movimientos políticos[3]. Lo hizo “como una manera de dar eficacia a los derechos y libertades, facilitar la acción proselitista y el ejercicio de la oposición”. Lo que estaba detrás era la tirria a las tradiciones políticas del frente nacional. Entre ellas el desagradable hecho histórico de la elección de Misael Pastrana B en 1970.
La repulsión al sistema bipartidista y la alternancia política inspiró los nuevos requisitos para la institucionalización de nuevas organizaciones. Con 50.000 firmas o votos se garantizaba la personería jurídica de un llamado partido político. Requisitos blandos que originaron una confusión entre minoría política y sistema multipartidista, y que sobre todo llevaron a crecer el número de partidos políticos hasta cerca de sesenta en la actualidad.
Pero, ¿de donde brotó ese odio al sistema bipartidista? La tendencia es a culpar a los políticos chanchulleros y clientelistas. La realidad histórica es que la masa de electores tiene una importante cuota de responsabilidad. El plebiscito del 1ro de diciembre de 1957 obligó la exclusión de terceras opciones diferentes a los partidos tradicionales liberal y conservador. Y eso fue un plebiscito.
La Violencia interpartidista que alcanzaba niveles sorprendentes en al época, sumado a la amenaza de la prolongación del régimen militar en cabeza del General Rojas Pinilla, obligaron a los dirigentes de los partidos conservador y Liberal a zanjar las diferencias y acordar un pacto político por la paridad en la repartición política del Estado. Alberto Lleras y Laureano Gómez, ante la “determinación inmodificable” de prolongar el periodo del General Rojas hasta 1962, entendieron más que nunca que su supervivencia dependía de la alianza[4].
Se convocó un plebiscito que consultó, además del voto femenino, la conveniencia de excluir de las elecciones terceras fuerzas diferentes a los partidos Conservador y Liberal.
“Para mediados de los años cincuenta los dirigentes de los partidos estaban concientes de que la intransigencia mutua había sido la causa más importante de la inesperada y letal espiral de violencia…”[5].
Con todo, el problema no consiste en los números. El asunto refiere principalmente las ideologías o las posturas políticas alrededor de los problemas nacionales. Dichas ideologías o posturas no parecen existir. Esta situación es heredada también del periodo frentenacionalista. Algo se vislumbra en la actualidad con la polarización traída por el fenómeno Uribe, y la consecuente organización de la izquierda democrática o PDI.
Con todo la tesis si incorpora en el análisis algunos elementos de la segunda tesis. Entre ellos se encuentra el arraigo partidista que atraviesa el siglo XX en Colombia, así como la regionalización de las fuerzas partidistas. También reconoce a los partidos políticos como agentes canalizadores de la violencia. Todo esto para intentar explicar en conjunto que el Frente Nacional es fruto de la violencia, y que la violencia es fruto de las desigualdades sociales y políticas del país. Por tanto el origen del conflicto colombiano se halla en las desigualdades sociales, económicas y políticas.
Francisco Leal Buitrago dice que “uno es liberal o conservador como uno es católico o colombiano –por nacimiento-. Uno ni siquiera considera no ser liberal o conservador, de la misma manera que uno nunca consideraría no ser católico o colombiano por un simple acto volitivo”[6]. Este es el primero de los argumentos que apuntan a descifrar que el Frente es una reconciliación política no solo de una clase dirigente sino de todo un pueblo, el cual refrendo su voluntad en el plebiscito del 57.
[1] Fernando Giraldo. Sistema de Partidos Políticos en Colombia. Centro Editorial Javeriano CEJA. Bogotá. 2003. P 19.
[2] Diego Uribe Vargas. La Constitución de 1991 y el ideario liberal. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1992. p. 131.
[3] Diego Uribe Vargas. La Constitución de 1991… p 135.
[4] Harltlyn, Jonathan. La política del régimen de coalición Pag 82-83.
[5] Hartlyn, Jonathan. La política del régimen de coalición Pag 79.
[6] Hartlyn, Jonathan. La política del régimen de coalición. Pag. 39.
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